Por: Mesías
Guevara Amasifuen
No cabe duda que el dominio de las telecomunicaciones
tiene serias implicancias políticas y económicas. Su desarrollo tiene que ver
con el mercado y las estrategias permanentes optadas y, en esta medida, con
temas claves como tecnología, calidad de servicios, regulación, concesiones,
contratos, tarifas, inversión, cobertura, etc. Es por esto que resulta necesario
analizar la renovación del contrato con Telefónica, hecho que
conlleva una serie de consecuencias y repercusiones posibles que deben ser
explicadas con claridad y manejo de fundamentos.
No basta con tener a la vista el objetivo de alcanzar a
las zonas más alejadas. La conveniencia de una renovación pasa por analizar si
en el nuevo contrato se estipula el nivel de las inversiones reales que se
realizarán en los años que dure la concesión. Los compromisos adquiridos por la
concesionaria deben ser medibles y cuantificables, mas no subjetivos. Es preciso
hacer una valoración de compromisos tales como: dar acceso gratuito a Internet
fijo donde haya fibra óptica, ejecutar el proyecto de inversión amazónica
Loreto-San Martín, interconectar cámaras de video vigilancia, generar una tarifa
social, ampliar la cobertura, proporcionar acceso gratuito a internet satelital
para las entidades del Estado. Se tiene que conocer a cuánto asciende el monto
ofrecido, y a la vez dar las herramientas necesarias a las instituciones como
Osiptel para que puedan hacer la fiscalización pertinente para cautelar su
cumplimiento.
Por otro lado, la renegociación del contrato debió
comprender el análisis de la concentración del mercado. En estos momentos el
mercado peruano es uno de los más concentrados de la Región y la competencia es
casi nula. El ingreso de la tarifa social fundamentalmente en las zonas rurales,
podría hacer colapsar a los pocos operadores rurales. Aquí es necesario revisar
el modelo peruano de las telecomunicaciones, de manera que se conjugue el
servicio rural con el urbano. En los últimos años Telefónica ha ingresado a
brindar el servicio en las zonas rurales, a través de proyectos como Banda Ancha
Satelital, que fue financiado con un subsidio de US$48 millones por parte del
Estado, por lo que su rentabilidad está garantizada y no requiere de incentivos
adicionales.
También queda pendiente conocer el monto de la
“inversión natural”, que Telefónica realizaría en los próximos años. En su
momento propuse que la renegociación debería realizarse sobre el valor del
mercado peruano, usando indicadores como crecimiento poblacional, ARPU y la
participación del mercado, este procedimiento nos permitiría tener una idea
cabal de lo que tenemos los peruanos, evaluación sobre la cual podríamos haber
entrado en un proceso de renegociación ventajosa.
Por principio de transparencia, es indispensable que la
ciudadanía conozca los términos que han orientado la renegociación. Es
importante enterarnos de cuáles fueron las
exigencias que hizo Telefónica, cuáles sus posturas de negociación, cuál es la
relación entre los programas sociales y el servicio telefónico que se espera
brindar, cuántos empleos nuevos se generará a raíz de esta renegociación, cuáles
son las exigencias para lograr una real competencia, si es que existe dicho
objetivo. Otras cuestiones importantes pasan por establecer por qué no se
permite brindar servicio a los operadores rurales y/o urbanos donde no lo hacen
los operadores mayoritarios. Para esto se requiere una femtocelda, colectar la
señal celular de los usuarios en zonas rurales, pasarla vía satélite hasta Lima
y entregarla a los operadores urbanos para que gestionen la llamada por un cargo
de interconexión. También se debe conocer si se trató o no sobre la reducción de
costos en los servicios de interconexión: cargo de interconexión, adecuaciones
de red, arrendamiento de enlaces. Es igualmente necesario saber si se pensó en
hacer cambios en las modalidades de interconexión: vía IP, telefonía móvil
virtual, tratamiento a los operadores rurales, si se plantearon mejoras en la
gestión de interconexión para evitar que sirva como una barrera de entrada a los
potenciales competidores.
Debemos ver las telecomunicaciones como un elemento de
desarrollo y de necesidad pública, con políticas de Estado firmes que nos
permitan alcanzar la integración de nuestro país.
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